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Más problemas con la mayor obra de Macri

El Banco Mundial reemplazó al funcionario responsable del crédito que financia las obras para evitar el desborde del arroyo Maldonado. Estas obras, suspendidas por la Justicia por presuntas irregularidades, forman parte de un ambicioso proyecto del Gobierno porteño para acabar con las inundaciones en la Ciudad.

Por Juan Salinas

NOTA PUBLICADA ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 197, DEL 16/07/09

El Banco Mundial removió a Manuel Mariño, el gerente de proyecto que manejó el ampliado crédito otorgado a la Ciudad para financiar el grueso de la obra iniciada para evitar el desborde del entubado arroyo Maldonado (que discurre por debajo de la avenida Juan B. Justo) y las consiguientes inundaciones de vastas áreas de Palermo y Villa Crespo, informó el ex legislador Milcíades Peña.

“Mariño fue reemplazado por Patricia López, y el Banco Mundial ordenó una auditoría ante lo que a primera vista parece la comisión de graves irregularidades, por lo que calculo que mi presentación judicial (que motivó un fallo judicial que ordena la suspensión de las obras) tuvo bastante que ver”, agregó, exultante, Peña al ser entrevistado por NOTICIAS URBANAS.

Milcíades Peña enfatiza que si bien es imprescindible acabar con las inundaciones, ello “no puede hacerse de cualquier manera, cometiéndose todas las irregularidades imaginables, tal como está sucediendo”.

Junto a los legisladores Facundo Di Filippo y Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), Peña presentó un pedido de acción de amparo en base al cual el juez Juan Vicente Cataldo ordenó paralizar la obra por presuntas irregularidades tanto en los aspectos económicos como en los ambientales, decisión que el Gobierno de la Ciudad ya apeló.

En la reunión de gabinete de este lunes, Macri afirmó que el plan de obras hidráulicas en el arroyo Maldonado “es importantísimo para terminar con las inundaciones y mejorar la calidad de vida de la gente” y aseguró que los trabajos previstos no generan “ningún riesgo de contaminación” para la reserva subterránea del acuífero Puelche, tal como denunció la oposición.

Por su parte, en diálogo con NU, el vocero del Ministerio de Desarrollo Urbano, Sergio Levit, manifestó no tener noticias del reemplazo de Mariño por Patricia López y agregó que, como el Gobierno ya apeló la medida judicial, la palabra oficial es ahora la del procurador general, Pablo Tonelli. El vocero de Tonelli, Eduardo Pfirter, dijo que por el momento el procurador no hará declaraciones.

“Para ilustrar hasta qué punto llegan las irregularidades en este asunto –ejemplifica Peña– basta decir que el director de la obra es el ingeniero Eduardo Kohen, el mismo que siendo Director General de Instalaciones Eléctricas del Gobierno de la Ciudad omitió controlar los planos truchos de la instalación electromecánica de Cromañón.”

“El director de obra es quien puede justificar todas las alteraciones y truchadas, así que imagínense”, apostilla.

Financiada por un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, colateral del BM) de aproximadamente 150 millones de dólares, la obra iniciada con el soterramiento de una enorme máquina tunelera construida en Canadá, en un pozo de más de 35 metros de profundidad y 40 de diámetro cavado en un obrador situado entre el espinel del Club de Pescadores y Punta Carrasco es, con mucho, la más importante emprendida por la administración encabezada por Mauricio Macri.

Desde la suspensión de la ampliación de la red de subtes prometida por el ingeniero durante la campaña electoral que lo depositó en la Jefatura de Gobierno, no se vislumbra otra que pueda opacarla.

En su fallo, el juez Cataldo destacó que hay mucho dinero público en juego y que “el aspecto ambiental no es menor en tanto se discute el grado de afectación del acuífero Puelche, que puede eventualmente producir efectos sobre otras jurisdicciones con lo que no sólo comprometería la sanidad del hábitat local, sino también la responsabilidad del Estado de la Ciudad Autónoma frente a las provincias involucradas”, en referencia a las de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, así como la falta de especificaciones técnicas y planos, aumento de costos imprevistos y “la modificación de la perforación original proyectada”.

Al respecto, el magistrado puntualizó que se han reemplazado los dos canales aliviadores originalmente proyectados “por un pozo único circular con muros colados que llegaría hasta los 50 metros de profundidad”, justificándoselo en “reducir los tiempos ejecutivos”, pero que el preceptivo estudio ambiental fue presentado bastante después de haberse decidido dicho reemplazo, que implicará, cuando menos, un mayor costo de 19,28 millones de dólares.

Ante estas imputaciones, Levit ratificó que con esa modificación, “de evidentes ventajas técnicas” respecto al proyecto original, el Ministerio de Desarrollo Urbano prevé acortar “en 40 meses” la realización de esa tarea que, puntualizó, “será la obra hidráulica más importante de toda Sudamérica”.

“Macri autorizó la modificación de una obra que había sido aprobada, incluida su parte técnica, por una ley de la Legislatura, razón por la cual sólo ésta puede modificarla”, insiste Peña. Y agrega que en ocasión de celebrarse a comienzos de mayo pasado “algo parecido a una audiencia pública, fue el propio Gobierno el que justificó la ampliación de la obra alegando que el proyecto original es todavía más contaminador que su reemplazo, y que de todas maneras el acuífero ya está contaminado”.

“Más allá del impacto ambiental –continúa– la licitación y adjudicación de las obras fue muy sospechosa ya que la adjudicataria, la italiana Ghella, cotizó prácticamente la mitad que la oferta más cara y seguidamente se asoció con la argentina Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio... Y la empresa encargada de confeccionar el estudio de impacto ambiental fue Geodata, también de capitales italianos y asociada a Ghella en varias obras”.

“Es muy llamativo que, a pesar de un expediente plagado de irregularidades, las otras dos empresas oferentes no hayan hecho reclamos”, siguió diciendo. “Curiosamente, la brasileña Odebrecht es la adjudicataria del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. El tema es escandaloso por dónde se lo mire y están involucrados no sólo Macri y su ministro (Daniel) Chain, sino también sus predecesores, (Jorge) Telerman y (Juan Pablo) Schiavi. Porque esto se cocinó en los seis meses de cogobierno.”

Las gigantescas máquinas tuneleras que se utilizarán serán dos. La primera, que se está armando ahora, llegará a tener 120 metros de largo y fue bautizada con el prusiano nombre de Walkyria por quienes entraron en el portal del Gobierno de la CABA y escogieron entre ocho nombres propuestos. A modo de ejemplo de los intereses e intensa especulación que se ha desatado en torno a esta obra, Milcíades Peña dice que al finalizarse la obra, está revisto que esa máquina emerja a la superficie en un terreno de Niceto Vega y Juan B. Justo.

“Es un terreno de la Nación, a la que la Ciudad deberá comprarlo. Cuando Telerman era jefe de Gobierno, se valuó en 1,7 millones de dólares. Parece que, luego de asumir, Macri volvió a pedir una tasación, que resultó de 3,7 millones, y que ahora anda dando vueltas una tercera tasación... de 17 millones”, concluye.

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